Cuando el mundo
desarrollado abandona por peligrosa la energía atómica, la
Argentina construirá dos centrales en virtud de los acuerdos con
China.
Entre los
acuerdos firmados en el reciente viaje del Presidente a China se
destaca el de la construcción de dos centrales nucleares: Atucha
III, junto al río Paraná, en Zárate, y otra central que se
instalará en Río Negro. El compromiso provenía del gobierno
anterior junto a las polémicas represas sobre el río Santa Cruz.
Ambas infraestructuras revelan una nula racionalidad económica y
energética y son el resultado de decisiones del Poder Ejecutivo de
la década anterior que no han sido social ni institucionalmente
consensuadas.
La energía
nuclear es difícil de justificar para la Argentina. Es riesgosa, es
vulnerable a cualquier atentado terrorista, sus residuos radiactivos
persisten por miles de años y es cara. Al mismo tiempo, nuestro país
posee mucho gas, con un gran potencial en Vaca Muerta, y excelentes
condiciones para el desarrollo de energías renovables. Cabe
preguntarse entonces por el sentido de invertir en tecnologías que
el mundo está abandonando: Alemania apagará todas sus centrales
antes de 2022; Suiza las desactivará una vez cumplida su vida útil,
e Italia ha decidido no avanzar en el desarrollo de esta tecnología
luego de que un 95 por ciento de los italianos que participaron de un
referéndum votaron en contra de la energía nuclear. Incluso
Francia, país donde la energía nuclear representa más del 75 por
ciento de la matriz eléctrica, ha propuesto diversificar la
producción de electricidad y reducir al 50 por ciento el peso de la
energía nuclear para 2025. La Argentina va por el camino inverso.
Parece ignorar que no hay energía nuclear sin riesgo. Riesgo porque
implica guardar por miles de años los residuos radiactivos que
genera. Riesgo ante un posible atentado, que no es una posibilidad
disparatada, y menos para un país que los ha sufrido y no ha podido
siquiera avanzar en la investigación de los hechos. Nos guste o no,
la energía nuclear aumenta el peligro en nuestra sociedad y se trata
de un riesgo no solo para las personas y su salud, sino para la
naturaleza.
En los últimos
siete años las energías renovables no convencionales eólica y
solar fotovoltaica han tenido un crecimiento promedio del 20 por
ciento. Desde 2015, la capacidad instalada global de energía eólica
superó a la de la nuclear y en breve lo hará también la energía
solar.
Es cierto que la
intermitencia de las energías renovables es una de sus debilidades,
pero con una generación distribuida y descentralizada, el avance
tecnológico en almacenamiento y la caída de los costos de las
energías renovables no convencionales nos lleva a preguntarnos
acerca de la pertinencia de invertir en energía nuclear. El costo de
instalación de una central nuclear es, aproximadamente, cuatro veces
más caro que el de la eólica. Sin embargo, su capacidad de
generación es apenas el doble, y a esto hay que sumarle todo el
costo de operación y mantenimiento, el costo del combustible
nuclear, la custodia por miles de años de los residuos radiactivos y
los impactos de la minería del uranio, que no están contemplados
dentro del precio del combustible que utilizan.
Uno de los
desvelos del Ministerio de Energía y Minería es el
autoabastecimiento energético, pero no es posible confundir el
precio del desarrollo con el desarrollo a cualquier precio. Instalar
centrales nucleares en la Argentina tiene como única justificación
posible la búsqueda de inversiones a cualquier costo. Se trata de
una tecnología que ya es antigua y lo será aún más cuando las
plantas hayan sido finalizadas.
Es cierto que la
instalación de estas centrales se encontraba acordada, sin
transparencia alguna ni información pública, por el gobierno
saliente con el apoyo del sector nuclear argentino. Pero en una
sociedad democrática no resulta aceptable la imposición sin
consenso social de infraestructuras capaces de amenazar el entorno y
la vida humana. Frente a la aceptación resignada de los acuerdos con
China por parte del gobierno actual, parecería que la sociedad no
cuenta con medios institucionales para evitar negocios realizados con
un altísimo grado de corrupción, a puertas cerradas. Es indudable
que, para un país como China, resulta indiferente el control que
puedan ejercer las instituciones republicanas. La decisión de
construir centrales nucleares debe insertarse en un plan que defina
la matriz energética del país, con audiencias públicas, aprobado
por el Parlamento.
Desde su reforma
en 1994, la Constitución Nacional cuenta con la posibilidad de
llamar a una consulta popular que puede ser convocada por el propio
Congreso o el Poder Ejecutivo Nacional. Mediante esta modalidad, es
posible realizar una consulta sobre una determinada ley o política,
o bien sobre cuestiones de Estado excepcionales.
Definir la matriz
energética que tendrán las próximas generaciones es, sin duda, una
causa lo suficientemente trascendente como para hacer ese ejercicio
cívico. En particular cuando se trata de decidir la instalación de
industrias que poseen la capacidad de amenazar el entorno y la vida
humana. No es que no haya medios institucionales para evitarlo.
Solamente hay que utilizarlos. Se necesita generar un debate
transparente para evitar errores que no tendrán remedio.
Existen
alternativas más limpias, baratas y seguras. Las industrias solar y
eólica están creando empleos 12 veces más rápido que otras. Es
natural que la sociedad se plantee si tiene sentido seguir adelante
con la construcción de centrales nucleares o resulta más adecuado
utilizar otras modalidades para generar energía sin riesgos.
El rol del
Gobierno debe ser representar y defender el interés público y
brindar transparencia. Mas allá del hecho de que los acuerdos hayan
sido iniciados por el gobierno anterior, sólo el consenso público
podría decidir si el proyecto de construir centrales nucleares
posee, más allá de las justificaciones y el interés del sector
nuclear argentino, un valor ético. Por ahora, se trata de la
imposición de un alto riesgo y un costo innecesario para nuestra
sociedad. Sin dudas, éste no es el cambio prometido.
Fuente:
El porvenir argentino y las futuras plantas nucleares, 17/06/17, La Nación.
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