Se inició una
causa penal contra el ministro por haber designado como subsecretario
de Energía Hidroeléctrica a un consultor vinculado a la firma que
hizo el impacto ambiental de las obras.
La fiscal federal
Paloma Ochoa requirió ayer el inicio de una causa penal contra el
ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la
Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un
subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.
Fuentes
judiciales adelantaron que la funcionaria del Ministerio Público
también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario
de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría
sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA
(IATASA).
La fiscal
solicitó al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal
contra los tres funcionarios, que habían sido denunciados en julio
pasado por el senador Fernando Solanas y el titular de la Asociación
Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.
Ambos lados del
mostrador
La denuncia
exigió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini
incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y
"negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas".
Según la
denuncia Marcolini "como director de la empresa IATASA
(Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable
de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz.
El documento
agrega que "la misma persona que realizó el informe (Marcolini)
en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado
de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra
mano (pública) lo aprueba".
Se acusa que fue
"ilegal la designación de Marcolini como funcionario", y
"está conectado con la voluntad política de que este continúe
a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado
y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a
cualquier costo".
Por su parte, la
denuncia afirmó que Alonso "tiene cajoneada en la Oficina
Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las
ONG’s sobre este conflicto de intereses de Marcolini.
Esta nueva
denuncia se suma a las decenas que hay en la Oficina Anticorrupción,
los “conflictos de interés” abundaron en el Gobierno de los Ceo
desde el escandaloso acuerdo con el Correo Argentino o Avianca, el
mismo ministro Aranguren ya fue acusado de beneficiarse con las subas
de tarifas por poseer acciones en la petrolera Shell, o el caso de
Panamá Papers y la lista podría seguir. La Ceocracia no es muy
diferente a otros Gobiernos que aprovecharon su paso en el estado
para hacer millonarios negocios.
Fuente: DyN
Fuente:
Aranguren imputado por negociaciones incompatibles, 19/08/17, La Izquierda Diario. Consultado 19/08/17.
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