No hubo un solo
habitante de La Madrid que expusiera durante la jornada del miércoles
pasado en la Legislatura. Allí, ese día se presentaron los avances
de los trabajos de diagnóstico que se están haciendo sobre las
causas de la gigantesca inundación del río Marapa que se tragó el
pueblo en abril. Avances, frustraciones e ilusiones hubo. El único
poblador que estaba presente fue el delegado comunal, Dardo Herrera,
que habló al final de la extensa jornada para agradecer los estudios
y para informar que en la castigada población están trabajando
máquinas, limpiando los canales y el arroyo El Chileno, que está al
norte de La Madrid. Pero no estuvo una maestra, un policía, el cura
del pueblo o algún representante de las familias que tienen que ser
trasladadas desde el sudeste del poblado al norte. ¿Hubieran dicho
lo mismo? Para saberlo, hay que ir al sur.
Oficinas
dispersas
No obstante, el
encuentro permite hacer una radiografía no sólo de lo que pasa en
la zona sino de la búsqueda de claves para superar las
desinteligencias entre la Provincia y la Nación y también entre las
caóticas y dispersas reparticiones provinciales. Algunas de esas
desinteligencias quedaron expuestas en medio del encuentro, cuando
Pablo García, funcionario nacional del Sinagir (Sistema de Gestión
Integral del Riesgo), que está trabajando hace siete meses en la
zona y que había llevado un equipo con drones de las Naciones Unidas
para relevar desde el aire lugares como La Invernada, contó que
había estado hace 10 días con gente de la provincia haciendo ese
trabajo. En el momento un funcionario provincial afirmó: “Nosotros
también hicimos lo mismo”. Entonces se reveló que en el sur
trabajan organismos como la Dirección de Recursos Hídricos y la
Dirección del Agua, cada uno por su lado, sin comunicación entre
sí. Incluso dependen de ministerios distintos. “¿Quien va a ser
el encargado de estas cuestiones? No lo veo. Me gustaría que al
final de estas jornadas sepamos a quién tenemos que ver para cada
uno de los temas”, dijo García. El ingeniero Eduardo Martel, de la
facultad de Ciencias Exactas, mencionó la dispersión que hay en los
organismos provinciales. Y dijo que precisamente el concepto de esas
jornadas “son los esfuerzos de articulación necesarios para que
este trabajo se justifique”.
¿Quién atiende
lo que genera esa dispersión? No sólo se trata de que están
aislados sino también sin elementos desde siempre. No hay partida
para obras públicas en el presupuesto anual (como sí lo hay para
salud, seguridad o educación); no hay mantenimiento y adquisición
de equipos livianos y pesados, ni presupuesto para monitoreo y
dinámica de cauces: por eso se cayeron 11 puentes, dijo Martel. ¿No
hay máquinas? No hubo un responsable provincial que explicara
cuántas máquinas hay y en qué estado se encuentran. Cuentan que
una excavadora se hundió la semana pasada en Sol de Mayo. Y otra,
prestada por la Provincia a la Municipalidad de Concepción, no anda
porque necesita arreglos por 140.000 pesos. Como sea, Martel recordó
que en 1993, en la Legislatura de Julio Díaz Lozano, se hizo un gran
taller para estudiar el drama de las inundaciones y salió un trabajo
con propuestas de inversión de 950 millones de dólares en 20 años.
Pasaron 25 años. Nada se hizo. Ahora se advierte que se está
tratando de hacer un trabajo similar. “¿Qué diremos dentro de 25
años?”, se preguntó, y recordó que desde 2007 Tucumán está en
emergencia hídrica. “Las leyes comienzan cuando se las sanciona
pero hay que reglamentarlas y hacer que el espíritu prospere y
termine en obras”.
El caso tucumano
El problema de
dispersión y de falta de atención tucumanas es observado por los
representantes nacionales. Mateo Bauzá, del organismo regulador de
presas (Orsep) dice que está dictada la emergencia en 11 provincias
y que sólo Tucumán está con problemas para recibir los fondos
nacionales y para articular.
¿Se logrará
salir de esta trampa? Complicado. El encargado de la Unidad Ejecutora
Provincial, Sisto Terán, presentó su proyecto para que se haga un
relevamiento topográfico con sistema Lidar (con vistas a que se
pueda hacer un programa hídrico de estudio de las cuencas) y para
que se expropien unas 4.000 hectáreas al suroeste de La Madrid para
volver a los bañados naturales, que atemperen la furia del agua de
los ríos San Francisco y Marapa. Calculó que todo costaría 100
millones de pesos. “Espero que me ayuden a convencer al
gobernador”, expresó. Los delegados nacionales no fueron críticos
aunque Bauzá dijo que en junio pasado Recursos Hídricos de la
Nación ya tenía hecho el pliego para un estudio de la zona.
Claudio Bravo,
del Colegio de Ingenieros Civiles, planteó que hay que reencauzar el
río San Francisco, que está desmadrado, y llevarlo a su cauce
original. Agregó que, por los cambios, nada se sabe de los ríos de
la zona y coincidió con la importancia del estudio topográfico con
el sistema Lidar. No obstante, el geólogo Sergio Georgieff advirtió
que “reencauzar el San Francisco no es una solución si no
sistematizamos la parte alta”. En la parte alta están los
productores de Catamarca, el 60% de los cuales son tucumanos. Se
produce soja allí (al igual que en el sur tucumano). Bravo contó
que un productor cordobés de Ovanta tiene invertidos 15 pivotes
(sistemas de riego) de 300.000 dólares cada uno y que el río le
pasó por el medio de la finca. Con todos ellos hay que hablar para
sistematizar. Bauzá explica que los productores catamarqueños ya se
han reunido en grupos de trabajo. Los tucumanos, no.
Continuo
movimiento
El dinero que hay
que gastar en obras es el gran limitante en esto. Pero también están
los costos ocultos de las inundaciones, que se pagan a pesar de todo,
de los cuales hablaron representantes de la facultad de Ciencias
Económicas. Pérdidas en cosechas, en animales, en caminos, en
problemas de la vida cotidiana.... Jorge Devalis, asesor de la
Provincia, calculó que en los 40 días posteriores a la inundación
se gastaron 400 millones de pesos en ayuda (la Caja Popular, 25
millones); raciones de comida (10 millones); limpieza de canales ($
600.000); pérdidas de producción del agro (10,5 millones) y de
impuestos directos (9 millones); desvíos por corte de ruta de autos
y camionetas (90 millones) y camiones y ómnibus (250 millones); más
reposición de medidores y cables de energía en EDET (4 millones).
Esto, sin contar las 700 personas que trabajaron en esos 40 días, ni
las heladeras, cocinas y muebles enviados por Desarrollo Social; ni
la ayuda solidaria de los tucumanos; ni el dinero (poco o mucho)
enviado por la Nación; ni las pérdidas de las mismas viviendas; ni
las tres escuelas destruidas totalmente. Sólo se reconstruyó la
escuela para discapacitados -contó García- y no se sabe qué pasará
con las otras dos. Además, los gastos de salud. “Hay cosas que no
tenemos computadas que son un costo...y más aún, ¿cuánto es lo
que sienten las personas ante pérdidas de esta naturaleza?”, se
preguntó Devalis.
Ese costo oculto
se viene trasladando día a día a la gente de la zona y, cuando el
daño se vuelve general, al Estado. “El sur tucumano está en
continuo movimiento y cada vez en peor situación”, dijo García.
Ya se sabe que desde hace 15 años hay poblaciones con casas montadas
sobre pilotes; en el barrio Santa Rosa de Aguilares, junto al río
Chico, en Los Agudo, Los Arrieta, Niogasta y Atahona. Ahora se hizo
el relevamiento con drones en La Invernada, el Sacrificio, Domingo
Millán y Las Ánimas (lo hizo Hernán Alvarado, de la ONU,
especialista en investigación científica con drones). Descubrieron
las cárcavas y el arroyo paralelo a la ruta 38 en la invernada (allí
sólo se ven las casas que están encima de la banquina) y con ello
García llegó a la conclusión de que en el sur es complicado hacer
cosas porque todo cambia. Que hay que relocalizar viviendas en La
Invernada y en Domingo Millán y que “en La Florida hay que empezar
a pensar en casas en altura. Ya no se puede hacer casas a nivel”.
Y junto a eso,
los problemas derivados de la nula planificación. Hay pozos hechos
con el plan Más Cerca que están sin agua en Los Cerros, en Las
Ánimas, en Alto El Puesto, en Los Cercos y Yánima (donde hay
denuncias penales cruzadas entre delegados comunales y vecinos). “Al
barrio Santa Rita de Graneros no lo pueden habilitar porque lo
hicieron pegado al arroyo”, dice García. “Hemos intentado un
montón de cosas y después nos dimos cuenta de que no habíamos
logrado una solución. Esto es mucho más grave”.
En La Madrid hay
3.000 habitantes. En la zona de Graneros, La Cocha y Alberdi, 70.000.
Cada vez que llueve, muchos piensan en hacer terrazas, poner ganchos
altos para colgar las cosas, escaleras, terraplenes y hasta
medianeras en la vereda (como hicieron en 2015 en Alberdi) o en poner
sus casas en altura, como en Saigón, mientras esperan que avancen
los estudios en busca de las salidas. Ninguno de esos habitantes
estuvo en la jornada legislativa. Sólo el delegado comunal de La
Madrid, que simplemente agradeció el esfuerzo. Acaso él debería
haber invitado a todos -incluido el vicegobernador, que fue esperado
durante 50 minutos pero estuvo ausente en la jornada- a llegarse a
ver los costos ocultos que tiene vivir en el sur.
Fuentes:
Roberto Delgado, Los costos ocultos de las inundaciones, 09/12/17, La Capital.
La obra de arte que ilustra esta entrada es “La inundación” 170 × 120 cm de Boris Correa.
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