La región aprobó
el primer tratado internacional para prevenir y sancionar las
amenazas y violencias contra los defensores de los derechos humanos y
el medio ambiente. Cada año mueren asesinados más de 200.
por Judit Alonso
Morir por
defender una tierra, una montaña o un río. Este es un hecho cada
vez más habitual en América Latina, que, con Brasil, Colombia y
México a la cabeza, es la región más peligrosa del mundo para los
defensores de derechos humanos y el medio ambiente. Diversos reportes
de organizaciones no gubernamentales informan anualmente del
asesinato de centenares de ellos por oponerse a los intereses de
empresas y gobiernos.
Es por eso que la
región pretende terminar con la violencia en contra de este
colectivocon la aprobación, el pasado domingo (04.03), del Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública
y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y
el Caribe.
El también
denominado ‘Acuerdo de Escazú' está basado en el Principio 10 de
la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo) y consagra la protección de los defensores de los
derechos humanos en asuntos ambientales. De esta manera,"cada
parte (estado) garantizará un entorno seguro y propicio en el que
las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los
derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas,
restricciones e inseguridad”.
"Esperamos
que este acuerdo ayude a reducir drásticamente los asesinatos de
defensores ambientales de la región mediante los compromisos
asumidos por parte de los Estados de reconocer la labor de los
defensores y asumir la protección de los mismos”, explicó a DW,
Carmen Capriles, Coordinadora General de Reacción Climática,
organización boliviana participante en las negociaciones.
A partir de dicho
acuerdo, los activistas ambientales podrán acceder a información
ambiental que les permita evaluar cada situación. "Esperamos
que signifique que menos recursos naturales sean explotados y que
hayan menos comunidades en peligro”, dijo Carole Excell, Directora
interina de la Práctica de Democracia Ambiental y parte de la
sociedad civil para el Instituto de Recursos Mundial (WRI, por sus
siglas en inglés).
La especialista
destacó la importancia para las comunidades de tener acceso a datos
sobre la contaminación del agua o concesiones mineras en su zona.
Un tratado
histórico e innovador
"Los países
y los grupos de la sociedad civil en América Latina y el Caribe han
asumido una posición histórica para salvaguardar lo que constituye
el pilar de la protección ambiental: las personas”, consideró
Excell. "El acuerdo podría afectar hasta 500 millones de
personas y muestra un liderazgo mundial por parte de la región. Es
solo el segundo acuerdo regional (tras la convención europea de
Aahrus en 1998) en el mundo sobre derechos ambientales y el primero
para América Latina y el Caribe”, agregó.
Rubens Born,
representante de la Fundación Esquel de Brasil y participante en las
negociaciones desde 2015, destacó diversas innovaciones de dicho
acuerdo como el hecho de que personas físicas y jurídicas tengan
una amplía legitimidad para recurrir al Poder Judicial en el caso de
conflictos e incumplimientos de los derechos de acceso.
”Se trata del
primer tratado vinculante a escala mundial que incluye un artículo
sobre obligaciones de los Estados en prevenir, realizar persecuciones
legales y sancionar amenazas, coacciones y violencias contra
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo a DW.
Precisamente, la
obligatoriedad centró gran parte de las discusiones chocando con las
posturas de varios países, entre los cuales se encuentran los que
cuentan con más activistas asesinados: Colombia y Brasil. "Defendí
el mantenimiento del artículo que prohíbe reservas al acuerdo para
asegurar que las mismas obligaciones se apliquen a todos los países
que lo integran”, aseguró Rubens. De este modo, ”los países
signatarios del acuerdo deberán cumplirlo íntegramente”, aclaró.
Un largo camino
La entrada en
vigor del acuerdo no es inmediata y debe cumplir una serie de pasos
previos que contemplan la firma, ratificación e implementación del
texto.
Precisamente,
para Capriles, éste es ahora el "gran reto” ya que todo
depende de la voluntad de los países en "elaborar o adecuar
marcos normativos que permitan la completa implementación del
acuerdo respondiendo a los contextos nacionales". No obstante,
agregó, "creemos que la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), -que ha creado un observatorio del
Principio 10- será clave para concretar los compromisos de las
Partes”, consideró.
Un año después
de su ratificación, el organismo regional de las Naciones Unidas
convocará una Conferencia de las Partes, es decir, un encuentro en
el que los estados se reunirán periódicamente para dar seguimiento
a la implementación de dicho acuerdo. Se trata de otra de las
novedades de dicho tratado que "al igual que las otras COPs de
temas ambientales, tendrá la función de elaborar nuevas
herramientas que permitan el cumplimiento del mismo y podrá crear
órganos subsidiarios que desarrollen herramientas para contemplar
situaciones especificas”, explicó la experta boliviana.
El acuerdo "es
un gran paso adelante, pero el trabajo apenas comienza”, opinó
Excell. Asimismo planteó que el hecho de tan solo "una persona
más muera por proteger el medio ambiente es demasiado". Y
exigió: "Es hora de que los países den un paso adelante en la
defensa de los defensores".
Fuente:
Judit Alonso, América Latina busca proteger a los defensores medioambientales, 07/03/18, Deutsche Welle. Consultado 08/03/18.
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